En una investigación anterior analizábamos sobre los conceptos de verdad y de prueba en el tratamiento de hechos del futuro y la forma en las que los jueces fundamentan sus decisiones en relación a la existencia de riesgo futuro.
El proyecto actual, propone un estudio de campo, que centra el análisis en los argumentos que fundamentan las decisiones judiciales en relación al dictado de las prisiones preventivas y cómo a partir de aquellos puede construirse una herramienta de IA capaz de predecir decisiones futuras de los tribunales sobre casos similares.
Para el relevamiento de datos hemos circunscrito al dictado de prisiones preventivas durante el año 2024 por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
Para alcanzar el objetivo propuesto se analizarán exhaustivamente resoluciones judiciales a fin de identificar criterios y argumentos que influyen y fundamentan tales decisiones. A partir de los datos recopilados en esa etapa, los esfuerzos se centrarán en depurar la información, establecer los patrones de análisis para la construcción del modelo de IA que pueda predecir la probabilidad de dictado de prisiones preventivas.
Advertimos que el problema planteado se presenta como complejo y multifacético, por lo que el enfoque adoptado será multidisciplinario integrando tanto la perspectiva jurídica, lectura y sistematización de resoluciones judiciales, como la tecnológica, procesamiento de información y creación de sistema predictivo de datos.
Objetivo General
Reconstruir a partir de resoluciones judiciales de la justicia penal de Córdoba, durante el año 2024, criterios de aplicación de la Prisión Preventiva, para diseñar una herramienta de IA.
Impacto Previsto
El proyecto prevé la obtención de productos concretos orientados a la producción académica y al desarrollo de herramientas de apoyo para el análisis de decisiones judiciales vinculadas a la prisión preventiva. En primer lugar, se elaborará un modelo analítico–predictivo basado en el estudio sistemático de resoluciones judiciales, destinado a identificar patrones, variables relevantes y tendencias decisorias en materia de medidas de coerción. Esta herramienta se concibe como un insumo para la investigación y para el fortalecimiento de la deliberación institucional, con criterios de trazabilidad metodológica, documentación y validación.
En segundo término, se espera la producción de resultados científicos comunicables, mediante la redacción y envío de artículos a revistas con arbitraje y/o indexación, priorizando espacios especializados en derecho procesal penal, teoría de la prueba, argumentación jurídica e intersecciones entre derecho e inteligencia artificial.
Finalmente, el proyecto contempla la socialización de resultados a través de la participación en congresos, seminarios, jornadas y eventos científicos, con el propósito de someter los hallazgos a discusión crítica, promover intercambios interdisciplinarios y consolidar redes académicas. Como indicadores de cumplimiento se considerarán: construcción del modelo y su documentación técnica, cantidad y calidad de producciones presentadas/publicadas, y participación efectiva en instancias de difusión científica.
Los resultados del proyecto buscan constituirse como un aporte innovador para el análisis de las decisiones judiciales relativas a la prisión preventiva, especialmente en lo que refiere a la aplicación de medidas de coerción y a la motivación que las sustenta. En ese sentido, el trabajo propone una aproximación que combina herramientas conceptuales del derecho procesal penal y del razonamiento probatorio con metodologías de análisis de datos, con el fin de producir evidencia sobre qué fundamentos se utilizan, cómo se estructuran y bajo qué condiciones varían.
El aporte original radica en instalar, profundizar y sistematizar la discusión sobre estándares de prueba, contextos probatorios y razonamiento justificativo en entornos académicos y científicos, tanto a nivel local como nacional y regional. Se busca contribuir a la precisión conceptual y a la mejora de prácticas argumentativas en un punto especialmente sensible del sistema penal: decisiones que implican restricciones severas a la libertad.
Asimismo, el proyecto incorpora una perspectiva prospectiva en términos analíticos (no normativa), orientada a explorar cómo las nuevas tecnologías pueden intervenir en la comprensión y evaluación de los estándares probatorios, su formulación o reformulación, y los desafíos epistemológicos y jurídicos asociados. De esta forma, la investigación aspira a enriquecer el debate contemporáneo sobre justicia penal, evidencia y tecnología, generando insumos relevantes para futuras líneas de trabajo.
El proyecto se propone como un espacio formativo para estudiantes y jóvenes profesionales, tanto para quienes se inician en investigación como para quienes buscan profundizar trayectorias ya iniciadas. Para quienes no cuentan con experiencia previa, se plantea como una invitación a incorporar competencias esenciales para el ejercicio profesional contemporáneo: formulación de problemas, construcción de marcos teóricos, trabajo con fuentes, sistematización de información, producción escrita académica y argumentación basada en evidencia.
A su vez, el proyecto promueve el desarrollo de análisis crítico sobre fenómenos jurídicos, especialmente en torno a la prisión preventiva y a la racionalidad de las decisiones judiciales. Se fortalecerá una mirada amplia e interdisciplinaria, integrando conocimientos de derecho, teoría de la prueba, lógica de la argumentación e inteligencia artificial, lo cual resulta particularmente relevante en contextos donde las tecnologías inciden en el diseño de políticas públicas y en la evaluación de prácticas institucionales.
Para estudiantes con experiencias anteriores en investigación, el proyecto funcionará como un ámbito de consolidación y perfeccionamiento de herramientas metodológicas y técnicas: definición de variables, construcción de corpus, análisis cualitativo y cuantitativo, discusión de hallazgos y presentación de resultados en instancias científicas.
En términos de resultados formativos, se espera contribuir a la creación de capacidades instaladas en la institución, favorecer la elaboración de tesinas o trabajos integradores, y promover perfiles profesionales con competencias críticas y técnicas, acordes a los desafíos actuales del derecho y la tecnología.
El proyecto busca aportar a una necesidad social central: mayor transparencia, racionalidad y previsibilidad en decisiones judiciales que afectan derechos fundamentales, en particular aquellas que disponen prisión preventiva. En sociedades democráticas, resulta exigible que estas decisiones se fundamenten en criterios claros, verificables y argumentativamente controlables, evitando sesgos, arbitrariedades o diferencias injustificadas entre casos similares.
En ese marco, la investigación contribuye a mejorar la calidad institucional del sistema de justicia penal mediante la sistematización de criterios efectivamente utilizados para justificar medidas de coerción y el análisis crítico de sus patrones de motivación. La construcción de un modelo analítico basado en evidencia puede visibilizar qué variables se ponderan, cómo se justifican los riesgos procesales y de qué manera se articulan los estándares probatorios en la práctica.
Estos aportes pueden impactar en múltiples dimensiones: fortalecer el derecho de defensa (al clarificar estructuras decisorias), reducir desigualdades procesales (al detectar variaciones no justificadas), y ampliar las condiciones para el control ciudadano y académico sobre el funcionamiento de los tribunales. En suma, el proyecto se orienta a aportar insumos rigurosos para discusiones públicas e institucionales informadas, promoviendo decisiones más fundamentadas y consistentes con el marco constitucional y convencional de protección de la libertad personal.
La transferencia del proyecto se focalizará, prioritariamente, en el ámbito universitario, mediante la incorporación de resultados y herramientas en propuestas formativas orientadas a estudiantes y docentes. Se prevé su integración a actividades de investigación, jornadas académicas y espacios extracurriculares vinculados a derecho procesal penal, razonamiento probatorio e inteligencia artificial aplicada al análisis jurídico.
Asimismo, se promoverá el uso del proyecto como material de estudio y discusión en asignaturas afines, favoreciendo la consolidación de un enfoque interdisciplinario. Esto permitirá que los hallazgos no queden restringidos a la producción académica, sino que se traduzcan en experiencias de aprendizaje orientadas al análisis de casos, a la lectura crítica de resoluciones judiciales y al trabajo con evidencia.
Como parte de la vinculación, se procurará abrir canales de intercambio con actores externos (otras universidades, centros de investigación, redes académicas y espacios de debate jurídico), impulsando la presentación de avances en eventos científicos y la circulación de documentos de trabajo. De esta manera, se espera contribuir al desarrollo de competencias analíticas y técnicas relevantes para la formación profesional, y simultáneamente fortalecer el diálogo entre derecho, tecnología y calidad institucional de la justicia penal.
Una finalidad central del proyecto es potenciar su articulación con la docencia mediante la incorporación de discusiones teóricas y actividades de aprendizaje activo en distintos niveles de formación. Para ello, se propone diseñar y rediseñar instancias pedagógicas en las que el estudiantado, a partir de situaciones concretas y corpus reales de decisiones judiciales, pueda reconstruir conceptos, identificar problemas, analizar argumentos y participar en debates fundamentados sobre estándares de prueba y medidas de coerción.
Esta articulación requiere desarrollar propuestas didácticas que integren el análisis jurídico con herramientas metodológicas contemporáneas, favoreciendo competencias de lectura crítica, razonamiento probatorio, argumentación y evaluación de evidencia. En este sentido, el proyecto ofrece un marco idóneo para generar talleres, clínicas de casos, seminarios y espacios de discusión guiada, con base en resultados de investigación.
Un segundo nivel de articulación se vincula con la reactivación o fortalecimiento de espacios institucionales de debate e intercambio académico, tomando como antecedente experiencias previas como congresos o jornadas especializadas sobre razonamiento probatorio. Estos ámbitos permiten que estudiantes y docentes interactúen con una comunidad más amplia, nutriéndose de aportes externos y presentando producciones propias.
Finalmente, como proyección de mayor alcance, se considera relevante avanzar hacia un espacio especializado de formación, como una Diplomatura en Razonamiento Probatorio, que consolide una oferta académica sostenida y de alta pertinencia.
En términos de resultados formativos, se espera contribuir a la creación de capacidades instaladas en la institución, favorecer la elaboración de tesinas o trabajos integradores, y promover perfiles profesionales con competencias críticas y técnicas, acordes a los desafíos actuales del derecho y la tecnología.